Antecedentes del Caso

El Amparo Directo en Revisión 3265/2025 llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a raíz de la petición de ayuda de una madre con un hijo con discapacidad en busca de justicia. Tras un divorcio, la madre se quedó al cuidado de su hijo con autismo en la casa familiar. Posteriormente, el padre se casó nuevamente y donó el inmueble a su nueva esposa, quien intentó desalojar a la madre y al niño del domicilio, siendo respaldada por los tribunales de instancia inferior.

Decisión de la Suprema Corte

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera unánime, dictaminó que en casos donde un inmueble está ligado a la obligación alimentaria de un menor con discapacidad, el juez no puede ordenar el desalojo sin considerar el impacto en la vida del menor. Se resaltó la importancia de juzgar desde la perspectiva de infancia, discapacidad y género, reconociendo el papel fundamental de la madre como cuidadora principal.

Los ministros establecieron que si la donación del inmueble por parte del padre buscaba evadir su responsabilidad alimentaria, dicha acción está sujeta a las obligaciones derivadas de esa responsabilidad. Se enfatizó que la propiedad privada no puede ser excusa para eludir las responsabilidades paternas. Se determinó que ningún menor, con o sin discapacidad, puede ser desalojado sin una alternativa habitacional garantizada.

Conclusión

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación destaca la priorización de los derechos de la infancia, especialmente en casos de discapacidad, sobre cualquier intento de eludir responsabilidades parentales. Esta medida refuerza la protección constitucional de los menores y establece criterios obligatorios para considerar integralmente la realidad de los más vulnerables en el sistema judicial.

Aspectos Clave

• Los derechos de la infancia con discapacidad tienen prioridad sobre el derecho de propiedad en casos de desalojo.
• La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la vivienda ligada a la obligación alimentaria de un menor no puede ser desalojada sin considerar el impacto en la vida del menor.
• Es fundamental juzgar desde una perspectiva de infancia, discapacidad y género para garantizar la protección de los menores vulnerables en situaciones judiciales.
• La resolución establece que la propiedad privada no puede utilizarse como excusa para evadir las responsabilidades parentales.