La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de EE. UU. y sus implicaciones para México

La recientemente publicada Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) de los Estados Unidos ha generado titulares por su tono duro hacia los aliados de larga data en Europa. Sin embargo, para América del Norte, y México en particular, sus implicaciones pueden ser aún más trascendentales.

La estrategia revive una visión al estilo de la Doctrina Monroe, lo que algunos observadores llaman en broma la “Doctrina Donroe” y el presidente de EE. UU. ha referido como el Corolario Trump, enfatizando la preeminencia de EE. UU. en el Hemisferio Occidental, el control sobre la migración y el tráfico de drogas ilícitas, los despliegues fronterizos ampliados y el uso del poder militar y económico para garantizar el acceso a energía y recursos minerales.

Lo que destaca son menos las palabras que las propias prioridades de la NSS. La migración, las drogas y los cárteles, y la seguridad fronteriza dominan su enfoque, eclipsando las discusiones sobre China, la proliferación nuclear o las alianzas globales.

Militarizar problemas que son principalmente sociales y económicos podría tener consecuencias reales para las relaciones bilaterales. Y sin embargo, México, el socio económico más importante de los Estados Unidos, apenas se menciona en este sentido. La cooperación energética, la integración comercial bajo el acuerdo de libre comercio USMCA y las cadenas de suministro transfronterizas reciben prácticamente ninguna atención.

Esta omisión es importante porque la energía es central para la estrategia actual de EE. UU. y las relaciones internacionales, o quizás hoy más acertadamente, transacciones y negociaciones. El enfoque de “dominio energético” de la administración Trump prioriza la abundancia de energía como una herramienta de poder nacional y abraza este estatus de superpotencia relativamente nuevo para utilizar las exportaciones como una palanca de política exterior y motor, ya sea para aumentar la seguridad energética o proporcionar un mayor acceso a la energía.

En la práctica, el enfoque de “dominio energético” busca maximizar la producción de petróleo, gas, GNL, nuclear e incluso geotérmica de EE. UU. para fortalecer la influencia económica y geopolítica. La energía ya no es solo un problema doméstico o comercial, es un instrumento de diplomacia, aplicación del comercio y negociación económica. No se equivoquen: no se trata solo de reducir los precios en la bomba de gasolina para los automovilistas estadounidenses, sino más bien de acceder a recursos cruciales y cerrar tratos favorables para EE. UU. en todo el mundo.

Esta dinámica nos lleva a las relaciones entre EE. UU. y México.

La relación bilateral está entrando en una nueva fase estructural. El comercio, la migración, la seguridad y las cadenas de suministro vuelven a estar sobre la mesa de negociaciones. Después de años de “pausas” políticas, la energía ahora es central en las discusiones del USMCA 2026. El Congreso ha subrayado las apuestas: H.R. 5926, la Ley de Aplicación del Comercio de Energía Mexicano, facultaría a EE. UU. a hacer cumplir las disposiciones energéticas del USMCA, incluido el lanzamiento de paneles de disputa e investigaciones, si México no cumple. Esto no es política simbólica: de los siete copatrocinadores de H.R. 5926, cinco son representantes de Texas, el epicentro del comercio de energía transfronteriza y fuente de una cantidad significativa del suministro de gas natural de México. Más sobre eso en breve.

Las empresas energéticas hacen eco de esta urgencia. Grupos industriales, desde el Instituto Americano del Petróleo hasta la Cámara de Comercio de EE. UU., han estado presionando por una aplicación creíble, igualdad de condiciones frente a las empresas estatales de México, estabilidad regulatoria, permisos predecibles y una estrategia de seguridad energética continental. Su mensaje es claro: la incertidumbre socava la inversión, la innovación, el comercio y la integración.

El panorama energético propio de México agrega un nuevo elemento para las autoridades mexicanas. Aproximadamente el 70% del gas natural del país se importa de EE. UU., y el gas genera más del 60% de la electricidad de México. Dada la falta de alternativas viables, la nueva generación planeada continúa dependiendo en gran medida del gas. Las importaciones de gas natural desde EE. UU. han promediado 6.8 mil millones de pies cúbicos por día en 2025 hasta septiembre, casi el doble que hace una década. La falta de inversión en infraestructura para reducir la quema y promover eficazmente la nueva producción de gas natural en la frontera, incluido el potencial prolífico de fracking del país, ha dejado a México incapaz de satisfacer la creciente demanda.

Al mismo tiempo, las reformas constitucionales de 2024 en México consolidan el dominio estatal sobre la energía, limitan la independencia regulatoria y restringen la participación de capital privado. Estas reformas entran en conflicto directo con las disposiciones del USMCA sobre acceso al mercado, inversión y empresas estatales. El resultado es una tensión fundamental entre la visión doméstica de México y las reglas comerciales del USMCA.

Pero más allá de lo que parecen ser problemas claros de cumplimiento, debería haber una verdadera aprensión para los negociadores mexicanos en torno a sus necesidades energéticas. Sin pretender ser excesivamente dramático, estos aspectos deberían ser reconocidos como los puntos de presión que presentan para el equipo de Trump sentado en la mesa del USMCA.

México depende en gran medida del gas natural importado de EE. UU. para generar energía para el país, un hecho que dará a EE. UU. una mayor influencia en la revisión del USMCA de 2026.

Las apuestas no podrían ser más altas. La seguridad energética es continental. La inversión es global. La asequibilidad y la fiabilidad son primordiales. Y la actual administración de Trump ha demostrado un verdadero deseo de no solo repensar los paradigmas de larga data, sino de romperlos por completo.

El USMCA 2026 no es solo una revisión de procedimiento, es un reinicio potencial con consecuencias profundas. EE. UU. quiere aplicación, pero también prefiere, si no es un acceso completo; México quiere proteger la soberanía; Canadá busca previsibilidad; las empresas energéticas quieren estabilidad. Pero cómo y en qué medida la administración de Trump juega la “carta energética” no debe ser subestimado y exige atención en el nuevo año.

Si los tres países adoptan la visión sobre la fricción, América del Norte podría anclar un futuro energético competitivo, seguro y dominante dadas los recursos que poseen colectivamente. De lo contrario, la actividad transfronteriza podría estar marcada por una mayor incertidumbre y una inversión tensa.

La relación energética entre EE. UU. y México es indispensable, pero se encuentra en una delicada encrucijada. La forma en que los responsables políticos naveguen el próximo capítulo dará forma no solo a la seguridad energética de América del Norte, sino también a la economía y la competitividad del continente durante años.

Autores:

Jeremy M. Martin es Vicepresidente de Energía y Sostenibilidad en el Instituto de las Américas, un grupo de expertos en políticas públicas interamericanas ubicado en la Universidad de California, San Diego.

John D. Padilla es Director Gerente de IPD Latin America, LLC, una consultoría con sede en Colombia con décadas de experiencia en México.